Registraduría no iniciará la convocatoria a las urnas para la consulta popular

En medio de la polémica suscitada por el ‘decretazo’ de la consulta popular, convocado por el Gobierno Petro, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció cómo procederá con la orden Presidencial.

Desde Bogotá, en una rueda de prensa, el Registrador habló sobre la convocatoria a realizarse el día 7 de agosto de 2025.

Antes de dar su veredicto, Penagos destacó que la Registraduría es un órgano autónomo, señalando de esta forma que la decisión fue tomada de forma neutral y sin afinidades hacia alguna rama del poder.

Sobre su decisión, el Registrador Nacional señaló que las altas cortes serán las encargadas de definir cuál será el futuro de este mecanismo convocado por el Ejecutivo.

Penagos había dicho que la entidad, junto con su equipo jurídico, estaba estudiando tanto el decreto como el pronunciamiento del Senado.

En ese sentido, sostuvo que La Registraduría va a iniciar una actuación para solicitar el pronunciamiento de las demás entidades que tienen competencias en la consulta y van a solicitar concepto del Consejo de Estado para que se pronuncie sobre si se han cumplido los requisitos de artículo 104 de la Constitución, es decir, la necesidad de que haya concepto previo del Senado.

“Es importante que las altas cortes tomen decisiones de fondo que nos permitan saber hacia donde conducirnos para evitar una ruptura institucional en el país, lo cual solicitamos de manera urgente”, llamó Penagos, quien mencionó que desde el órgano electoral enviaran solicitud de acompañamiento a la Procuraduría.

Cabe mencionar que, en caso de que la consulta popular logre salvarse, la Registraduría Nacional contaría con un promedio de 50 días para ejecutar toda la logística electoral que el mecanismo contrae, lo cual sería imposible para ese órgano teniendo en cuenta que deben contar con mínimo tres meses.

La Registraduría se pronunció tras las múltiples acciones judiciales que se han interpuesto contra el Senado, por parte de afines al Ejecutivo, al asegurar que hubo supuestas irregularidades en la votación.

Asimismo, se basa en la solicitud hecha por distintos partidos políticos para que la Registraduría Nacional “devuelva el Decreto 0639 de 2025″, señalando que este carece de “sustento jurídico y en abierta contradicción con el orden constitucional vigente”.

“Los partidos advierten que permitir la ejecución de dicho decreto, pese a su manifiesta inconstitucionalidad, sentaría un grave precedente institucional y comprometería recursos públicos en una convocatoria sin sustento legal”, se lee en el texto firmado por las colectividades.

Ante ello, el Registrador Nacional detalló: “Tenemos alrededor de 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado, seis de inconstitucionalidad en la Corte, más de 80 tutelas, y siete solicitudes específicas que nos piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no convocar la consulta”.

Partidos políticos, juristas y gremios insisten en que la consulta popular fue negada por votación hecha el pasado 14 de mayo e insisten en que el decreto del Gobierno Nacional es autoritario y peligroso al romper la separación de poderes.