Corte acusa a María Isabel Urrutia por presuntas irregularidades millonarias cuando era ministra de Petro

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras la investigación por presuntas anomalías en la firma de 104 contratos de prestación de servicios profesionales durante marzo de 2023.

La acusación se fundamenta en la presunta inobservancia de los requisitos legales exigidos para la contratación estatal.

La investigación detalló que los contratos en cuestión fueron suscritos en el último mes de gestión de Urrutia al frente de la cartera de Deporte, lo que generó sospechas sobre la transparencia y la necesidad de tales vinculaciones.

La Fiscalía General de la Nación, encargada de la etapa de instrucción, recopiló pruebas que apuntan a irregularidades en el proceso contractual.

El ente acusador señaló que Urrutia ordenó la terminación anticipada de 104 contratos que tenían una vigencia de cuatro meses, argumentando “motivos personales” de los contratistas, para luego renovarlos en un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según la Fiscalía, estos contratos carecieron de certificados que justificaran la insuficiencia de personal de planta, no demostraron la necesidad de contratar servicios profesionales y utilizaron certificaciones desactualizadas de aportes al Sistema de Seguridad Social.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema afirmó que la exministra buscó garantizar la continuidad laboral de personas afines a ella en el Ministerio del Deporte.

Urrutia, quien ocupó el cargo de ministra entre agosto de 2022 y febrero de 2023, enfrentó críticas por su gestión tras la solicitud de renuncia de Petro el 27 de febrero de 2023. El jefe de Estado declaró insubsistente a la exfuncionaria por “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, en referencia a la firma masiva de contratos tras el anuncio de su salida.

La investigación de la Fiscalía comenzó en marzo de 2023, tras denuncias sobre la adjudicación de convenios por $21.000 millones, de los cuales $16.000 millones se firmaron en la última semana de Urrutia en el cargo.

Además del proceso penal, la Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra Urrutia en noviembre de 2023 por un convenio interadministrativo de $4.950 millones suscritos en diciembre de 2022 con la entidad Aldesarrollo, destinado a implementar un sistema de validación nacional en estadios de fútbol.

El ente de control señaló que Urrutia ignoró recomendaciones de su equipo técnico y jurídico, optando por una contratación directa que habría favorecido a terceros, lo que calificó como una falta gravísima cometida a título de dolo.

María Isabel Urrutia, primera medallista olímpica de oro de Colombia en halterofilia en los Juegos de Sídney 2000, tuvo una destacada carrera deportiva antes de incursionar en la política.

Ahora, la exfuncionaria deberá enfrentar el juicio ante la misma Sala Especial de Primera Instancia.

Se espera que durante esta fase se presenten las pruebas y argumentos tanto de la parte acusadora como de la defensa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la exministra en las presuntas irregularidades contractuales.