Destituyen e inhabilitan por 10 años a patrullera que agredió a un joven durante un procedimiento en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión de fondo en el proceso disciplinario adelantado contra la patrullera Erika Judith Pérez Romero, quien protagonizó un hecho de abuso de autoridad durante un procedimiento judicial en la capital del país.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el pasado 15 de octubre de 2024, en el sector aledaño al humedal Juan Amarillo, en Bogotá, cuando la uniformada agredió en el rostro con su bastón tonfa a un ciudadano identificado como Juan Sebastián Nova.

De acuerdo con el informe de la entidad, la funcionaria aprovechó su investidura policial para exceder los límites legales y usar la fuerza de manera ilegítima y desproporcionada.

El hecho quedó registrado en un video que fue pieza clave en el proceso, ya que evidenció el momento exacto en que la patrullera golpeó al joven, quien se encontraba paseando a su mascota en la localidad de Usme.

Las imágenes sirvieron para corroborar que la conducta de la uniformada se apartó de los principios que rigen el uso de la fuerza pública, como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad.

Tras el análisis de las pruebas recaudadas, entre las que se incluyen testimonios, documentos y dictámenes periciales, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento determinó que la conducta de Pérez Romero constituía una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, es decir, de manera intencional.

Por ello, el órgano de control decidió imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por un período de diez años, al considerar que la patrullera vulneró gravemente los derechos fundamentales del ciudadano y el orden jurídico.

Paralelo al proceso disciplinario, la Justicia Penal Militar también avanza en el proceso penal contra la uniformada. El pasado 10 de abril, la Fiscalía de ese ramo anunció la imputación de cargos en su contra por el presunto delito de lesiones personales, al concluir que la agresión afectó el bien jurídico protegido de la vida y la integridad personal.

Según el ente acusador, el uso desmedido de la fuerza por parte de la patrullera ocasionó lesiones que obligaron a la víctima a recibir atención médica y le generaron una incapacidad de diez días.

Durante la audiencia de imputación de cargos, que estuvo a cargo de la Fiscalía 2405 de Conocimiento y fue presidida por la Juez 1703 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, Erika Pérez Romero no aceptó los cargos que se le formularon y se declaró inocente.